Por primera vez desde mayo del año pasado, y según los datos de la Seguridad Social, aumenta el volumen de afiliación en 7.301 trabajadores autónomos, para un total de 3.089.588. Esta variación intermensual por otra parte supone la mayor desde marzo de 2008, fecha de inicio de la crisis, y en buena medida viene motivada por el creciente incremento en determinadas actividades, como son el comercio, con un aumento de más de 2.800 autónomos, y la hostelería, con más de 1.500, pero sobre todo porque se observa un menor descenso de trabajadores autónomos en el sector de la construcción, con un índice negativo de tan solo 168 personas.
viernes, 15 de abril de 2011
miércoles, 30 de marzo de 2011
Balance del Gobierno sobre medidas a favor Autónomos y Economía Social
Podéis visitar el balance sobre la política de autónomos y economía social del Gobierno de España enhttp://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/PCA/BALANCE_AUTONOMOS.pdf
Aprobada la Ley de Economía Social
El pasado 16 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de economía social. Un compromiso adoptado por el Gobierno de España al inicio de la presente legislatura, que el Presidente del Gobierno reafirmó el 18 de febrero de 2010 y que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha elaborado de acuerdo con los representantes de la economía social. Es una Ley pionera en el ámbito europeo, que reconoce y facilita la actividad de un sector de empresas cuyo denominador común es la primacía de los trabajadores, de los consumidores y del fin social, el compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad. El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que reconozca y visualice la economía social, destacando sus valores sociales, lo que supone reconocer como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas. Forman parte de la economía social, las cooperativas en sus distintas modalidades, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades que se rijan por los principios previstos en la Ley. Otorga un papel especial a la interlocución de las asociaciones que representen a la economía social con los poderes públicos, para trasladar sus demandas y colaborar en el fomento de este sector, subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector. En este ámbito, adquiere un papel relevante el Consejo de Fomento de la Economía Social, como órgano asesor y consultivo del Gobierno en materia de fomento de la economía social, y en el que participan representantes de la economía social y miembros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. Esta Ley afecta a un conjunto de que generan 2.350.000 empleos directos e indirectos y aportan un 3% al PIB. (web del Ministerio del Trabajo)
Para más información visita: www.tt.mtin.es/periodico/fotos/20110316%20mari_luz_leyeconomia%20social/pagina_01.htm
Creado el Consejo de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos en ámbito estatal
Por medio del Real Decreto 1613/2010, de 13 de diciembre, se cumple con el mandato de desarrollo normativo contenido en el Estatuto del Trabajo Autónomo en dos puntos concretos: medir la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos mediante el Consejo de representatividad, configurándose el mapa asociativo y representativo del sector en el ámbito estatal, y por otro lado conformando la composición y funcionamiento del Consejo de Trabajo autónomo como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo.
La representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal será declarada por un Consejo de representatividad creado a tal efecto y compuesto por tres funcionarios y dos expertos independientes, que valorará la documentación aportada por las asociaciones concurrentes con arreglo a la convocatoria que será publicada próximamente, válida por un período de cuatro años, asignando una puntuación por cada uno de los criterios objetivos desarrollados en el Real Decreto:
-Número de trabajadores autónomos afiliados.
-Presencia con sede permanente en al menos doce Comunidades Autónomas y veinticuatro provincias.
-Convenios o acuerdos de colaboración y representación permanentes con otras asociaciones u organizaciones.
-Recursos humanos y materiales de todas las sedes.
-Actividades de fomento del trabajo autónomo.
-Acuerdos de interés profesional suscritos.
Para obtener la condición de representativas, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos deberán obtener una puntuación global mínima de 16 puntos con arreglo a lo establecido en el Real Decreto, siendo preceptivo en todo caso que puntúen en el criterio objetivo del número de afiliados, sedes permanentes y recursos humanos y materiales. El Consejo del Trabajo Autónomo Una vez se lleve a cabo el procedimiento de declaración de representatividad, se podrá constituir el Consejo del Trabajo Autónomo, órgano consultivo del Gobierno en la materia del trabajo autónomo y foro de interlocución ordinaria del asociacionismo de los más de 3 millones de trabajadores autónomos.
En su composición están representados, de forma paritaria, con doce miembros en cada uno de los siguientes grupos: las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos estatales representativas e intersectoriales, las organizaciones empresariales más representativas, las organizaciones sindicales más representativas, y las Administraciones Públicas en todos sus ámbitos. Además, el Consejo estará representado por un representante de cada uno de los Consejos del Trabajo Autónomo que se hayan podido constituir en el ámbito de las Comunidades Autónomas.
Para más información:...www.boe.es/boe/dias/2010/12/28/pdfs/BOE-A-2010-19958.pdf
algunos datos comparativos
Trabajadores en alta laboral régimen especial de autónomos según la Seguridad Social: Promedio Gobierno PP (abril1996-marzo2004): 2.874.028 Promedio Gobierno PSOE (abril2004-enero2011): 3.246.415 Empleadores y autónomos según la EPA: Promedio Gobierno PP (2ºTr1996-1ºTr2004): 2.709.978 Promedio Gobierno PSOE (2ºTr2004-4ºTr2010): 3.092.922
lunes, 25 de octubre de 2010
La reforma de pensiones ha de ser pactada
A continuación podréis encontrar la entrevista que los periodistas L. ABELLÁN / M. V. GÓMEZ de EL PAIS, hicieron el pasado 24/10/2010 al nuevo Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez."La reforma de pensiones ha de ser pactada"
Apenas lleva tres días en el cargo pero Valeriano Gómez dispone ya de una imagen que lo sobrevivirá como ministro de Trabajo. El recordatorio de su presencia en la manifestación de la huelga general, tres semanas antes de integrarse en el Gobierno, ha rescatado del anonimato a este experto en el mercado laboral. Pero la labor gubernamental no le es ajena. Ha ocupado múltiples escalones del ministerio y sus laberínticas dependencias no parecen tener secretos para él. "Al fondo de este pasillo estaba mi despacho cuando los GRAPO pusieron una bomba aquí, en 1992", muestra Gómez antes de la entrevista. El nuevo ministro pareciera haber estado preparándose toda la vida para ocupar ese puesto. Lo asume en circunstancias adversas -el paro alcanza un un insoportable 20%- y con un programa de reformas bajo el brazo.
Pregunta. Desde que es ministro, ha explicado mil veces por qué acudió a la manifestación de la huelga general. Pero reconozca que es difícil convencer de que se puede conjugar su nombramiento con su presencia allí.
Respuesta. Yo no apoyé la movilización. Sí dije que el recurso a la huelga tenía que ser cada vez más un arma bien meditada. Pero ese día consideré que debía estar en la manifestación -aunque no hice huelga- después de ver cómo ciertos medios de comunicación, ciertos partidos y algún gobierno autonómico se habían empeñado en transmitir la huelga como un acto incívico. Me parecía una visión antisindical muy perjudicial para la política española y yo, como un ciudadano más, decidí ir a la manifestación. Si hubiera sido un cargo público del PSOE, no me cabe ninguna duda de que no debería haber asistido.
P. ¿Le pidió explicaciones Zapatero al nombrarlo?
R. En absoluto, ¿cómo me va a pedir el presidente explicaciones por lo que hago como ciudadano?
P. ¿En ese momento no intuía que podía llegar a ser ministro?
R. Uno en esos momentos no intuye ese tipo de cosas.
P. Asesoró al Gobierno en la reforma laboral, se manifestó en contra de ella y ahora le toca aplicarla. ¿No es incongruente?
R. Desde que se empezó a negociar la reforma asesoré al Gobierno. He publicado artículos que la consideran esencialmente correcta, por ejemplo, uno en EL PAÍS titulado El equilibrio nunca decepciona. Mi opinión, siempre matizada, fue favorable y he tratado de distinguir mi posición sobre la reforma de mi apoyo, que siempre estará con las organizaciones sindicales, parte esencial de la sociedad. Y esto también lo digo para las empresariales.
P. Pero en sus primeras horas como ministro dijo no sentirse incómodo con el contenido de la reforma. Eso implica también no estar particularmente cómodo.
R. Lo puedo decir de otra forma sin dificultad. Me siento muy cómodo con la visión, con el texto y con la posición que el Gobierno ha defendido. Mi papel es explicar esa reforma y contribuir a que, en su desarrollo, las visiones de rechazo habidas no cuestionen el núcleo esencial.
P. ¿Hay margen, entonces, para inclinarla hacia los intereses de los sindicatos?
R. Las organizaciones sindicales, de momento, solo han planteado que el Gobierno rectifique, pero no han precisado en qué materias. Por otra parte, después de que la reforma se haya votado en las Cortes, ya no es solo un proyecto del Gobierno. Es una ley vigente que tiene el suficiente apoyo parlamentario. Ahora hay que orientar el desarrollo de esa ley para corregir aquellos aspectos en los que nos pongamos de acuerdo y producir, no tanto una rectificación, sino un desarrollo adecuado.
P. ¿Qué aspectos se pueden corregir?
R. La propia reforma plantea materias: el modelo alemán
[reducción de jornada en lugar de despidos en las empresas], las políticas activas, la negociación colectiva, el fondo austriaco , la intermediación laboral privada. Y en paralelo la necesidad de concretar este año la reforma de pensiones y la política de inmigración. La reforma pretende acercar los costes del trabajo temporal al indefinido, y que cuando la recuperación se produzca haya menos temporalidad. Los temas están bien orientados, pero insuficientemente explicados por el Gobierno. Si los objetivos son compartidos, debería haber un marco razonable de desarrollo. Si no fuera así, el proceso de reformas es imparable.
P. Deja fuera uno de los aspectos más criticados, el despido.
R. La reforma no afecta a los derechos adquiridos de los trabajadores. Mantiene el coste del despido en 45 días por año y en 33 para el contrato de fomento. En las causas objetivas de despido, se trataba de tener en cuenta que cuando hay pérdidas, se pueda ajustar plantilla por esta vía [con indemnización de 20 días]. Ahí se introduce un término polémico: la previsión de pérdidas. Esto puede ser objeto de interpretación judicial.
P. ¿Y hay posibilidad de modificación política?
R. Hay que ver si el desarrollo legislativo permite aclarar mucho mejor en qué circunstancias se puede interpretar la situación de pérdidas previstas, para mejorar la capacidad interpretativa de los jueces. Podemos pensar que el Gobierno y los interlocutores sociales lo concreten por otras vías distintas a las que se abrirían por la acción de la justicia dentro de varios años.
P. ¿Es partidario de hacerlo?
R. Es una forma de hacerlo. Eso no es violentar la ley, sino dar una interpretación adecuada, acabar con los peores efectos de la reforma de 2002. Entonces se permitió un despido tan sencillo, pagando el monto de la indemnización legal, que la fórmula objetiva no se utilizaba. Hemos vivido de forma hipócrita. Decíamos que nuestro despido era muy caro, sin darnos cuenta de que era muy sencillo. En cambio, teníamos un despido objetivo sensato, que está en la banda baja de los países europeos, pero que prácticamente no se utiliza (en plena crisis, no llega al 15%) y a este defecto trata de hacer frente la reforma. No tiene ningún sentido que las organizaciones sindicales centren su atención en la forma en que se concibe el despido objetivo cuando es el menos usado.
P. ¿Es su principal misión tender puentes con los sindicatos?
R. Es una misión esencial. Una de las principales, porque un Gobierno que hace frente a la crisis no puede dejar de atender las necesidades de las empresas, que están pasando muchas dificultades. Este Gobierno tiene que mirar a ambos lados.
P. En toda la legislatura no se ha alcanzado un solo acuerdo en el diálogo social. ¿Qué va a cambiar con usted?
R. Para que el diálogo social rinda frutos debe haber al menos dos condiciones: una, que el Gobierno tenga capacidad de iniciativa, y otra, que ninguna de las organizaciones que dialogan convierta su participación en una suerte de derecho de veto.
P. ¿Han fallado ambas?
R. Tras más de dos años de diálogo, sindicatos y empresarios tienen que reflexionar. El diálogo social ha de responder a la orientación del Gobierno de turno. Debe dar frutos, pero nadie debe tener la tentación de poner patas arriba la política de un Gobierno democráticamente elegido. Los interlocutores sociales han de asumir que su papel es equilibrar esas medidas. Deben tratar de influir, pero sin paralizar la acción de Gobierno. Ese ha sido uno de los errores que debemos corregir.
P. ¿Error de quién?
R. De todos, no solo del Gobierno. Ha sido un error dejar transcurrir tanto tiempo sin alcanzar acuerdos y en la responsabilidad no está solo el Gobierno, es compartida por empresarios y sindicatos. Sin duda también está la crisis. Pero ahora ya estamos en otra fase. No en afrontar la crisis, sino en preparar el país para la salida.
P. ¿Ayudará a desbloquear el diálogo social la sustitución de Gerardo Díaz Ferrán en CEOE?
R. No debo valorar la situación de cada organización. Pero el diálogo social es más sólido cuando las organizaciones que lo integran son también más sólidas. Si eso ocurre en CEOE, el principal beneficiario será el diálogo social.
P. La reforma inmediata que hay pendiente es la de las pensiones. ¿Hay posibilidad de revertir lo anunciado por el Gobierno?
R. El Gobierno tiene una visión reformista: no es posible dejar transcurrir el tiempo sin hacer nada. Los retos -el demográfico, el aumento del gasto y la baja natalidad- existen y es mejor afrontarlos desde el principio, sin alarmismos. Las reformas tienen que ser consensuadas, en lo político y en lo social. Siendo la posición del Gobierno abierta, sin que ello implique renunciar a las reformas, tengo confianza en que tanto partidos como empresarios y sindicatos van a ser capaces de reformar el sistema. Son los principales interesados.
P. Si la reforma es consensuada habrá que renunciar a elevar la edad legal de jubilación.
R. El Gobierno ha dicho algo importante: necesitamos seguir desplazando la edad real de jubilación, que en España supera los 63 años. Y ha planteado que la mejor forma de hacerlo es elevar la edad legal. Vivimos más y vamos a tener que percibir pensión mucho más tiempo. Y cada vez somos menos para trabajar porque tenemos menor fecundidad. Pero es una propuesta abierta.
P. Entonces el paso a 67 años no es irrenunciable.
R. La opción del Gobierno es esa, pero cuando dialoga lo hace desde una posición abierta. No renuncia antes de empezar a negociar, pero la posición es abierta.
P. Aunque usted es un devoto del diálogo social, la reforma laboral da seis meses para pactar la negociación colectiva. Si no, el Gobierno actuaría. ¿Lo hará?
R. Lo que ha hecho el Gobierno es advertir: tras dos años de negociar políticas laborales, después de muchos más de indicar que es importante que los interlocutores sociales reformen la negociación colectiva, el Gobierno pone plazos. No hay peor ejemplo para la sociedad que un diálogo social que no rinde frutos. Más aun, si en la peor crisis en décadas no es capaz de arbitrar medidas de consenso, el diálogo tiene una herida mortal. Estos dos años han agrandado esa herida, pero el diálogo no está muerto. Ahora, el Gobierno debe producir un proyecto de reforma en caso de que no surja de la voluntad de las partes.
P. ¿En qué sentido iría?
R. Es muy prematuro. Ahora toca impulsar la negociación. Y solo cuando se vea imposible alcanzar acuerdos el Gobierno debe actuar proponiendo un proyecto de ley. Y digo bien, proyecto de ley; no será una reforma por decreto.
P. ¿Ha tocado techo el paro?
R. En 2011 puede haber acabado la sangría de empleo y este es el comienzo de la recuperación. Perderemos empleo de forma estacional unos meses, pero estamos en la fase previa a la recuperación neta del empleo. Eso comenzará en 2011, a mediados. Y 2012 será un año de creación de empleo a ritmos muy visibles.
P. La presión, quizás también algunos roces con Caldera, le llevaron en 2006 a dejar su cargo como secretario general de Empleo, en plena bonanza. ¿Es consciente de que ahora la presión es muy superior?
R. A final de 2006 decidí marchar del Ministerio de Trabajo pero no hubo diferencias sustanciales con el ministro de turno. Culminé una fase de trabajo muy intensa. Y cuando abandoné fue sobre la convicción de que lo esencial de mi trabajo había concluido. Esta es más bien la razón, cansancio físico. No le daría tanta importancia a los roces con el ministro, que no fueron reseñables.
Apenas lleva tres días en el cargo pero Valeriano Gómez dispone ya de una imagen que lo sobrevivirá como ministro de Trabajo. El recordatorio de su presencia en la manifestación de la huelga general, tres semanas antes de integrarse en el Gobierno, ha rescatado del anonimato a este experto en el mercado laboral. Pero la labor gubernamental no le es ajena. Ha ocupado múltiples escalones del ministerio y sus laberínticas dependencias no parecen tener secretos para él. "Al fondo de este pasillo estaba mi despacho cuando los GRAPO pusieron una bomba aquí, en 1992", muestra Gómez antes de la entrevista. El nuevo ministro pareciera haber estado preparándose toda la vida para ocupar ese puesto. Lo asume en circunstancias adversas -el paro alcanza un un insoportable 20%- y con un programa de reformas bajo el brazo.
Pregunta. Desde que es ministro, ha explicado mil veces por qué acudió a la manifestación de la huelga general. Pero reconozca que es difícil convencer de que se puede conjugar su nombramiento con su presencia allí.
Respuesta. Yo no apoyé la movilización. Sí dije que el recurso a la huelga tenía que ser cada vez más un arma bien meditada. Pero ese día consideré que debía estar en la manifestación -aunque no hice huelga- después de ver cómo ciertos medios de comunicación, ciertos partidos y algún gobierno autonómico se habían empeñado en transmitir la huelga como un acto incívico. Me parecía una visión antisindical muy perjudicial para la política española y yo, como un ciudadano más, decidí ir a la manifestación. Si hubiera sido un cargo público del PSOE, no me cabe ninguna duda de que no debería haber asistido.
P. ¿Le pidió explicaciones Zapatero al nombrarlo?
R. En absoluto, ¿cómo me va a pedir el presidente explicaciones por lo que hago como ciudadano?
P. ¿En ese momento no intuía que podía llegar a ser ministro?
R. Uno en esos momentos no intuye ese tipo de cosas.
P. Asesoró al Gobierno en la reforma laboral, se manifestó en contra de ella y ahora le toca aplicarla. ¿No es incongruente?
R. Desde que se empezó a negociar la reforma asesoré al Gobierno. He publicado artículos que la consideran esencialmente correcta, por ejemplo, uno en EL PAÍS titulado El equilibrio nunca decepciona. Mi opinión, siempre matizada, fue favorable y he tratado de distinguir mi posición sobre la reforma de mi apoyo, que siempre estará con las organizaciones sindicales, parte esencial de la sociedad. Y esto también lo digo para las empresariales.
P. Pero en sus primeras horas como ministro dijo no sentirse incómodo con el contenido de la reforma. Eso implica también no estar particularmente cómodo.
R. Lo puedo decir de otra forma sin dificultad. Me siento muy cómodo con la visión, con el texto y con la posición que el Gobierno ha defendido. Mi papel es explicar esa reforma y contribuir a que, en su desarrollo, las visiones de rechazo habidas no cuestionen el núcleo esencial.
P. ¿Hay margen, entonces, para inclinarla hacia los intereses de los sindicatos?
R. Las organizaciones sindicales, de momento, solo han planteado que el Gobierno rectifique, pero no han precisado en qué materias. Por otra parte, después de que la reforma se haya votado en las Cortes, ya no es solo un proyecto del Gobierno. Es una ley vigente que tiene el suficiente apoyo parlamentario. Ahora hay que orientar el desarrollo de esa ley para corregir aquellos aspectos en los que nos pongamos de acuerdo y producir, no tanto una rectificación, sino un desarrollo adecuado.
P. ¿Qué aspectos se pueden corregir?
R. La propia reforma plantea materias: el modelo alemán
[reducción de jornada en lugar de despidos en las empresas], las políticas activas, la negociación colectiva, el fondo austriaco , la intermediación laboral privada. Y en paralelo la necesidad de concretar este año la reforma de pensiones y la política de inmigración. La reforma pretende acercar los costes del trabajo temporal al indefinido, y que cuando la recuperación se produzca haya menos temporalidad. Los temas están bien orientados, pero insuficientemente explicados por el Gobierno. Si los objetivos son compartidos, debería haber un marco razonable de desarrollo. Si no fuera así, el proceso de reformas es imparable.
P. Deja fuera uno de los aspectos más criticados, el despido.
R. La reforma no afecta a los derechos adquiridos de los trabajadores. Mantiene el coste del despido en 45 días por año y en 33 para el contrato de fomento. En las causas objetivas de despido, se trataba de tener en cuenta que cuando hay pérdidas, se pueda ajustar plantilla por esta vía [con indemnización de 20 días]. Ahí se introduce un término polémico: la previsión de pérdidas. Esto puede ser objeto de interpretación judicial.
P. ¿Y hay posibilidad de modificación política?
R. Hay que ver si el desarrollo legislativo permite aclarar mucho mejor en qué circunstancias se puede interpretar la situación de pérdidas previstas, para mejorar la capacidad interpretativa de los jueces. Podemos pensar que el Gobierno y los interlocutores sociales lo concreten por otras vías distintas a las que se abrirían por la acción de la justicia dentro de varios años.
P. ¿Es partidario de hacerlo?
R. Es una forma de hacerlo. Eso no es violentar la ley, sino dar una interpretación adecuada, acabar con los peores efectos de la reforma de 2002. Entonces se permitió un despido tan sencillo, pagando el monto de la indemnización legal, que la fórmula objetiva no se utilizaba. Hemos vivido de forma hipócrita. Decíamos que nuestro despido era muy caro, sin darnos cuenta de que era muy sencillo. En cambio, teníamos un despido objetivo sensato, que está en la banda baja de los países europeos, pero que prácticamente no se utiliza (en plena crisis, no llega al 15%) y a este defecto trata de hacer frente la reforma. No tiene ningún sentido que las organizaciones sindicales centren su atención en la forma en que se concibe el despido objetivo cuando es el menos usado.
P. ¿Es su principal misión tender puentes con los sindicatos?
R. Es una misión esencial. Una de las principales, porque un Gobierno que hace frente a la crisis no puede dejar de atender las necesidades de las empresas, que están pasando muchas dificultades. Este Gobierno tiene que mirar a ambos lados.
P. En toda la legislatura no se ha alcanzado un solo acuerdo en el diálogo social. ¿Qué va a cambiar con usted?
R. Para que el diálogo social rinda frutos debe haber al menos dos condiciones: una, que el Gobierno tenga capacidad de iniciativa, y otra, que ninguna de las organizaciones que dialogan convierta su participación en una suerte de derecho de veto.
P. ¿Han fallado ambas?
R. Tras más de dos años de diálogo, sindicatos y empresarios tienen que reflexionar. El diálogo social ha de responder a la orientación del Gobierno de turno. Debe dar frutos, pero nadie debe tener la tentación de poner patas arriba la política de un Gobierno democráticamente elegido. Los interlocutores sociales han de asumir que su papel es equilibrar esas medidas. Deben tratar de influir, pero sin paralizar la acción de Gobierno. Ese ha sido uno de los errores que debemos corregir.
P. ¿Error de quién?
R. De todos, no solo del Gobierno. Ha sido un error dejar transcurrir tanto tiempo sin alcanzar acuerdos y en la responsabilidad no está solo el Gobierno, es compartida por empresarios y sindicatos. Sin duda también está la crisis. Pero ahora ya estamos en otra fase. No en afrontar la crisis, sino en preparar el país para la salida.
P. ¿Ayudará a desbloquear el diálogo social la sustitución de Gerardo Díaz Ferrán en CEOE?
R. No debo valorar la situación de cada organización. Pero el diálogo social es más sólido cuando las organizaciones que lo integran son también más sólidas. Si eso ocurre en CEOE, el principal beneficiario será el diálogo social.
P. La reforma inmediata que hay pendiente es la de las pensiones. ¿Hay posibilidad de revertir lo anunciado por el Gobierno?
R. El Gobierno tiene una visión reformista: no es posible dejar transcurrir el tiempo sin hacer nada. Los retos -el demográfico, el aumento del gasto y la baja natalidad- existen y es mejor afrontarlos desde el principio, sin alarmismos. Las reformas tienen que ser consensuadas, en lo político y en lo social. Siendo la posición del Gobierno abierta, sin que ello implique renunciar a las reformas, tengo confianza en que tanto partidos como empresarios y sindicatos van a ser capaces de reformar el sistema. Son los principales interesados.
P. Si la reforma es consensuada habrá que renunciar a elevar la edad legal de jubilación.
R. El Gobierno ha dicho algo importante: necesitamos seguir desplazando la edad real de jubilación, que en España supera los 63 años. Y ha planteado que la mejor forma de hacerlo es elevar la edad legal. Vivimos más y vamos a tener que percibir pensión mucho más tiempo. Y cada vez somos menos para trabajar porque tenemos menor fecundidad. Pero es una propuesta abierta.
P. Entonces el paso a 67 años no es irrenunciable.
R. La opción del Gobierno es esa, pero cuando dialoga lo hace desde una posición abierta. No renuncia antes de empezar a negociar, pero la posición es abierta.
P. Aunque usted es un devoto del diálogo social, la reforma laboral da seis meses para pactar la negociación colectiva. Si no, el Gobierno actuaría. ¿Lo hará?
R. Lo que ha hecho el Gobierno es advertir: tras dos años de negociar políticas laborales, después de muchos más de indicar que es importante que los interlocutores sociales reformen la negociación colectiva, el Gobierno pone plazos. No hay peor ejemplo para la sociedad que un diálogo social que no rinde frutos. Más aun, si en la peor crisis en décadas no es capaz de arbitrar medidas de consenso, el diálogo tiene una herida mortal. Estos dos años han agrandado esa herida, pero el diálogo no está muerto. Ahora, el Gobierno debe producir un proyecto de reforma en caso de que no surja de la voluntad de las partes.
P. ¿En qué sentido iría?
R. Es muy prematuro. Ahora toca impulsar la negociación. Y solo cuando se vea imposible alcanzar acuerdos el Gobierno debe actuar proponiendo un proyecto de ley. Y digo bien, proyecto de ley; no será una reforma por decreto.
P. ¿Ha tocado techo el paro?
R. En 2011 puede haber acabado la sangría de empleo y este es el comienzo de la recuperación. Perderemos empleo de forma estacional unos meses, pero estamos en la fase previa a la recuperación neta del empleo. Eso comenzará en 2011, a mediados. Y 2012 será un año de creación de empleo a ritmos muy visibles.
P. La presión, quizás también algunos roces con Caldera, le llevaron en 2006 a dejar su cargo como secretario general de Empleo, en plena bonanza. ¿Es consciente de que ahora la presión es muy superior?
R. A final de 2006 decidí marchar del Ministerio de Trabajo pero no hubo diferencias sustanciales con el ministro de turno. Culminé una fase de trabajo muy intensa. Y cuando abandoné fue sobre la convicción de que lo esencial de mi trabajo había concluido. Esta es más bien la razón, cansancio físico. No le daría tanta importancia a los roces con el ministro, que no fueron reseñables.
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